El decreto que militariza a la Guardia Nacional abre otra vez el debate sobre la idea de control que ejerce López Obrador sobre su gobierno e incluso sobre el modelo de partido en el poder que se asemeja mucho a una cadena de mando militar donde la verticalidad de las decisiones no pasan por un ejercicio democrático, ni de intercambio de opiniones o consultas a expertos, se ejerce bajo una visión castrense que no admite controversia alguna.

Esa visión alcanzó un apartado más, nos sumergimos en un proceso en el que el estamento militar participa e incide en la sociedad, en la política, en la economía y en la educación utilizándolos en tareas no tradicionales. A la llegada de López Obrador se echó a andar una distribución diferente del poder y se justificó la presencia del ejército como una manera de rescatar a la nación de supuestas amenazas ideológicas peligrosas como el conservadurismo o los neoliberales.

Para mantener ese control la garantía que necesitaba era dominar por completo a las policías y a los organismos de inteligencia, lo que el SICEN era para los conservadores hoy es la UIF para la transformación, y se expandió a otras funciones como el ejercer una gran influencia, a grado de sumisión, de los poderes legislativo y judicial como medio de control democrático de las instituciones. Hoy profundiza más y le da la vuelta a la Constitución violentando con ello el Estado de Derecho, gobierna a través de decretos y con ello se acerca mucho a un modelo de gobernabilidad autoritaria que no quiere ajustarse a una institucionalidad democrática formal sino a un caudillismo que terminará necesariamente como un abuso de poder tarde que temprano.

Atrás quedaron las promesas de campaña, la realidad que hoy nos invade es que tenemos un país militarizado, se les ha entregado el control absoluto sobre puertos y aeropuertos, la construcción de infraestructura, manejan programas sociales, la distribución de alimentos y el suministro de medicamentos, y ahora la Guardia Nacional, llevándonos así de la mano a un socialismo militarizado.

A quienes hoy aplauden semejante decisión más adelante se convertirán en arrepentimientos, ningún régimen dura para siempre y en un cambio de gobierno podríamos lamentar mucho el retroceso que estamos viviendo. Para esos aplaudidores existe una interpretación maniquea de la Constitución amparándose en las facultades que le conceden el art. 89 al presidente que lo facultan para disponer de la totalidad de las fuerzas armadas y de la Guardia Nacional, pero pasan por alto el art. 21 que da el carácter civil a la misma, usurpando además una función de naturaleza legislativa que solo corresponde al Congreso de la Unión.

Con la 4T surgió una nueva élite económica, política y militar, y como parte de esos virajes se ven cosas nunca antes vistas que amenazan la estabilidad nacional, como lo es el hecho de la politización y partidización de las fuerzas armadas en la que dieron ya los primeros pasos y que van llevando paulatinamente al gobierno a depender cada vez más del ejército, pero al mismo tiempo nos van encaminando a la militarización de la sociedad. Lo peor de este decreto es que la crisis de violencia no parará por el contrario se recrudecerá. ¡ Se tenía que decir y se dijo !

Ulises Gómez de la  Rosa 

Presidente Estatal de Acción  Sí AC

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