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Reconoce legislador que consulta popular es un ejercicio de participación muy costoso


Ante la difusión realizada para incentivar la participación ciudadana en la consulta popular que se realizará el próximo 1 de agosto, y las posturas a favor y en contra por su ejecución, el legislador local representante del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Jorge Herrera, reconoció que es un ejercicio costoso, en el que deberían evaluarse los mecanismos para optimizarlo.

 


“si es muy costoso, caro, y ojalá encontráramos una manera diferente de hacerlo, pero muchas veces a estado en la mesa la situación del voto electrónico, pero desafortunadamente todas nuestras normas electorales, se hacen en base a la desconfianza y se rechaza el voto electrónico porque pudiera haber fraude, y si puede haberlo porque los fraudes electrónicos existen”

En lo personal consideró, que en este caso particular, se tiene deficiencias desde la formulación de la pregunta, ya que se habla de someter a consulta la aplicación de la ley, una pregunta que además señaló no es clara y exacta.

“en lo personal, tiene que ser una pregunta exacta, primero que sea clara para que toda la gente pueda entender y votar en consecuencia, la pregunta a mi se me hace y con toda honestidad no la comprendo, y yo creo que no puedes someter a consulta popular la aplicación de la ley”

Sin embargo, reconoció que como herramienta de participación ciudadana, es un ejercicio válido, democrático y legal, viable para incentivar y acrecentar la participación ciudadana en asuntos trascendentales para el país y que en base a estas opiniones las autoridades sean generadoras de acciones o políticas públicas.

En su carácter de presidente de la Mesa Directiva, informó que debido a su realización, el Poder Legislativo tendrá un período de veda desde el 15 de julio al 1 de agosto, días en los cuales no se realizará ningún tipo de promoción de las actividades del Congreso, y será inhabilitada la página oficial, tal como ocurrió en el pasado proceso electoral.

Cabe mencionar que, de acuerdo al Instituto Nacional Electoral, estima un costo de 520 millones de pesos, y se instalarán alrededor de 57 mesas receptoras, y solo si participa el 40% de la lista nominal, es decir 37 millones 411,389 de personas, podría considerarse vinculatoria.