Jalpan de Serra, Qro.- El intento de suicidio de un joven de entre 18 y 19 años de edad en una celda de la cárcel municipal de Jalpan de Serra el pasado miércoles 31 de agosto, revela las omisiones y posibles responsabilidades por la violación a derechos de detenidos en esa comandancia municipal y por las autoridades involucradas en la impartición de la justicia de este municipio, pero también en la atención a personas con problemas mentales.
Ismael, es una persona que vive en situación de calle desde hace poco más de 1 año, era común para muchos, verlo por la calle o dormir a las afueras de la misión de Jalpan; pedía comida, hablaba con todos sobre el abandono de su familia en Pinal de Amoles, buscaba un lugar para dormir y vivir.
En pocos meses comenzó a robar y consumir sustancias, desde ese momento dio inicio su paso por la comandancia municipal, en dónde ya se sabía de su situación mental. Pese a ello, fue ingresado a una celda sin vigilancia. .
Su caso es similar al de muchos detenidos y personas en situación de calle, pero también al de Pedro Baldelamar originario de Hidalgo, detenido por ocasionar molestias a transeúntes, vecindarios y población en general por medio de palabras, actos o signos obscenos(…)*(sic)., por lo que fue llevado ante la autoridad, en este caso el Juez Cívico Municipal y llevado a la celda en la que se quitó la vida, acto que derivó en una queja con número (DDH/537/2019) ante la Defensoría de los Derechos Humanos (DDH) y posteriormente a una recomendación el 8 de marzo de 2021 con número (242) 1/2021 que a la letra señala que “al encontrarse en el interior de la cárcel y acreditarse la violación a sus derechos a la legalidad, seguridad jurídica, trato digno, integridad personal y la vida ya que la autoridad, señala el documento: no verificó las medidas de seguridad pertinentes y el debido proceso, recomendaciones que hasta la fecha, al menos la mayoría de ellas no han sido solventadas”.
De acuerdo con los artículos 110 y 117 del Reglamento de Gobierno y Cultura Cívica para el Municipio de Jalpan de Serra, se señala que el presunto infractor debe ser puesto a disposición del Juez Cívico Municipal con la boleta de presentación, Informe policial homologado (IPH) y valoración médica, además de los artículos 65, 66, 71 y 73 de la Ley de Respeto Vecinal para el Estado de Querétaro que indican que es necesario que exista una audiencia de calificación. Sin embargo, en ese caso como en tres más documentados por este medio, el Juez Cívico no se encontraba en el lugar para resolver la responsabilidad o no, del o los probables infractores sin una justificación, lo que propicia, dicta el documento “un ejercicio arbitrario por parte del personal de guardia de dicha institución al imponer la pena privativa de la libertad a las personas detenidas en ese establecimiento…lo que constituye un mecanismo restrictivo de las formalidades esenciales que limitan el derecho a la libertad personal proscritas por los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”, aunado además, a la falta de valoración médica que constatara la salud física y mental de Pedro o de los casos en posesión de este medio.
En el caso de Pedro Baldelamar, fueron emitidas siete recomendaciones para garantizar la no repetición de las violaciones a los derechos humanos como los sucedidos en ese caso: capacitar al personal de la Secretaria de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, así como a los encargados de los Juzgados Cívicos. Se debió presentar, además, un proyecto que incluya medidas legislativas, administrativas o de cualquier otro carácter encaminados a fortalecer el sistema de administración de justicia cívica de acuerdo con la ley, además de verificar de manera permanente la infraestructura de las cárceles municipales acordes al respeto de la dignidad humana; y lo más importante, “contar con un servicio médico con disponibilidad las 24 horas al interior del recinto de detención, así como, contar con una persona destinada a las labores de supervisión y vigilancia de los ciudadanos bajo su custodia, así como realizar las investigaciones correspondientes.
El caso de Ismael y Pedro, son similares, personas a las que no les fue respetado su derecho a un debido proceso por parte de las autoridades municipales, quienes a dos años del suicidio de Pedro Baldelamar, cuentan con celdas sin condiciones de trato digno, además de la ausencia constante de jueces cívicos en turnos vespertinos y la constante violación a la libertad humana inscrita en nuestra carta magna.