Landa de Matamoros, Qro.- Hartazgo social fue lo que se percibió durante dos días de convocatorias de manifestación, realizadas por ciudadanos de la zona serrana, quienes decidieron expresar el rechazo y molestia, ante la falta de actuación por parte de autoridades locales y regionales, quienes en sus facultades dicen, pueden intervenir y evitar los abusos de que son víctimas las familias trabajadoras y migrantes que viven en la sierra gorda.
Durante el lunes 15 y martes 16 las instalaciones de la Sub Sede Regional de la Secretaria de Seguridad Ciudadana que alberga también, las oficinas regionales de la Fiscalía General, fueron el escenario de la protesta de centenar y medio de inconformes.
Ya sea, por apoyo a una familia o denunciar haber sido víctimas directas de algún abuso por parte de las autoridades, principalmente de elementos de la policía estatal, docenas de vecinos de Landa de las comunidades de Lagunita, Otates, La Vuelta, así como Saucillo y Tancama en Jalpan, decidieron acudir a manifestar sus inconformidades y casos, al responsable regional de la corporación, sin embargo, lenta fue la respuesta al haber llegado cerca de dos horas después de iniciado el cierre al acceso principal de esas instalaciones. Si bien la manifestación fue pacífica, se vivieron momentos de tensión entre los uniformados y los ciudadanos quienes molestos, exigían respuestas al abuso de autoridad, extorsión, excesivo uso de la fuerza, además de violación a los derechos de muchos de los detenidos o infraccionados.
Es importante señalar que si bien, el tema de las concesiones a las grúas que operan en la región, no corresponde en su totalidad a la policía estatal, ha sido un tema constante por los miles de pesos que cuesta, importes que se magnifican al remolcar un vehículo en territorio serrano y no estar adaptado a la realidad de ingresos de las familias quienes ganan entre 150 y 200 pesos al día.
Otra de las quejas fue expresada por familias de migrantes, quienes aseguraron que durante su estancia en sus comunidades, es normal que se encuentren con operativos y vigilancia de los elementos quienes dicen, “solo buscan sacarnos el dinero que nos cuesta mucho ir a ganar, eso no se vale”.
A la llegada del nuevo delegado de la POES en la zona, Leonardo Flores e ingresar una comisión de cinco ciudadanos en compañía de la visitadora auxiliar de la Defensoría de los Derechos Humanos, Roció Trejo, se llevó a cabo una mesa de diálogo por más de dos horas, en dónde se lograron cinco acuerdos; investigar a dos de los elementos que fueron señalados de abusos a varios de los inconformes, mantener cercanía con los habitantes e integrantes de la comisión, propuesta de que los operativos sean observados por ciudadanos y posiblemente por una persona de la DDH, llevar la propuesta de analizar las tarifas de arrastre de los vehículos hasta la sede Jalpan por los altos costos, además del compromiso como ciudadanos de colaborar en el respeto al reglamento de tránsito, que procure la corresponsabilidad de todos, medidas que al finalizar la reunión, permitió que fuera liberado el acceso a las instalaciones y tranquilidad de los inconformes.