El 8 de junio y con la autorización de un Juez de Control, se intervino un domicilio en San José el Alto, Querétaro, en donde fueron localizados restos humanos. Esa misma madrugada, se realizó un cateo en un segundo inmueble en la colonia La Pradera, municipio de El Marqués; allí se realizó la detención de los ahora imputados, en relación a los actos de investigación realizados.

Con el avance en las investigaciones, se averiguo la posible causa que llevaría a los posibles intervinientes de privar de la vida a las dos personas, siendo problemas de venta de droga, como principal línea de investigación. Esto, derivado de la relación y antecedentes existentes entre las personas imputadas y ofendidas.

Dentro de la carpeta de investigación, se recabaron 8 entrevistas, de distintas personas, que coinciden en señalar que los ofendidos consumían sustancias tóxicas. Además, de que la persona que les proveía de la droga, les había proporcionado producto para venta, sin que ellos hubieran cumplido con el cometido; razón por la cual ambas personas fueron privadas de la vida.

En relación al hallazgo de los restos humanos al interior del inmueble abandonado, en la colonia Puerta del Cielo, San José el Alto, Querétaro, se procedió a su traslado al Servicio Médico Forense, donde se le realizaron las pruebas genéticas y periciales necesarias para poder identificarlas y conocer la causa de la muerte.

Derivado de ello, se pudo establecer con plena certeza científica de que se trata de una mujer adolescente, de 16 años de edad; además, de un hombre de 21 años de edad, determinando para ambos como causa de muerte asfixia por estrangulación. Los resultados periciales, permitieron conocer que la privación de la vida, fue de hasta 3 meses antes de la aplicación de la necrocirugía, por lo que se puede establecer que los hechos ocurrieron antes de que esta autoridad tuviera conocimiento, por la denuncia de su no localización.

Como consecuencia de ello, una mujer de 21 años de edad, de nombre María Guadalupe “N”; dos hombres de 19 y 21 años de edad, de nombres Jorge Armando “N” y José Manuel “N” respectivamente, han sido presentados ante la autoridad judicial; en la audiencia inicial, se presentaron los datos de prueba en su contra y a petición de su defensa, solicitaron al Juez de Control, la duplicidad del plazo constitucional para determinar su vinculación a proceso.

Respecto a las acciones de investigación para la localización de las dos personas, la Fiscalía General informa que fueron inmediatas e ininterrumpidas, pues como resultado de éstas, derivó precisamente la localización de los cuerpos y de los hechos delictivos que actualmente se investigan.

Las carpetas de investigación se iniciaron, el 31 de marzo de este año, donde se denunciaba que desde el día 21 del mismo mes, habría sido la última vez que se les había visto, lo que permite confirmar el cronotadiagnóstico antes referido.

En total, se realizaron 9 cateos en los municipios de Querétaro y El Marqués, para la búsqueda de indicios. Se solicitó la colaboración de las Fiscalías de Guanajuato, Michoacán, San Luis Potosí, Hidalgo, Ciudad de México y el Estado de México.

Así como a distintas instancias, como el Instituto Nacional de Migración, las Terminales de Autobuses en el Estado, hospitales públicos y privados, entre otros, se les solicitó información constante, sobre personas que coincidieran con las características de los ofendidos. También, se visitó de manera directa y se requirió información a 48 centros de rehabilitación por adicciones en la entidad.

En todo momento, desde el inicio de la carpeta de investigación, se atendieron todas las posibles líneas de investigación y se realizaron brigadas de búsquedas, entre ellas, las relacionadas con terrenos ubicados en el Fray Junípero Serra y sus inmediaciones. Asimismo, se solicitó a un Juez de Control Federal, la autorización para la intervención telefónica de los ofendidos, que nos llevó a la localización de sus restos y a conocer los motivos por los cuales los privaron de la vida.

La Fiscalía General del Estado agotará todas las acciones de investigación a su alcance y aportará toda la evidencia científica con la que se cuenta, para que a los imputados se les vincule a proceso y se agoten todas las etapas del procedimiento penal, para que en su momento se les sentencie. Se continuará trabajando, para identificar la posible participación de alguna otra persona para ser presentada ante la autoridad judicial.