La seguridad vial, así como la necesidad de mayor participación ciudadana fueron parte de las observaciones que realizaron colectivos, organizaciones, asociaciones ciclistas y de movilidad en el estado, durante el foro y mesa de trabajo para la construcción de la reforma a la Constitución del estado de Querétaro en materia de movilidad.

Enrique Correa Sada, Presidente de la Comisión de Movilidad Sustentable y Tránsito en la LX Legislatura local, convocó a especialistas en la materia y sociedad civil organizada para construir la reforma que armoniza la Ley General de Movilidad con la normativa local.

Explicó que en un primer momento se modifica la Constitución local, y se hará expreso el reconocimiento del derecho humano a la movilidad y a la seguridad vial, lo que dará pauta para adecuar otro tipo de leyes reglamentarias, para conformar un nuevo marco sustentable, incluyente y seguro.

“Hay que construir un nuevo orden, el gran reto de la ciudad es cómo ordenamos a todos los actores para privilegiar a las personas, a los peatones, a los ciclistas, y cómo hacemos que sea una ciudad eficiente”, expresó al recordar que dicha modificación constitucional tiene como plazo el 13 de noviembre.

En este mismo marco, la Senadora Xochitl Gálvez, realizó una participación vía zoom, y explicó el proceso de construcción de la reforma nacional, en la que subrayó la importancia de contar con las voces de expertos y sobre todo de ciudadanos, ya que resaltó se rompieron paradigmas al enmarcar que los automóviles no deben ser dueños de las vialidades, y que se debe priorizar a peatones, ciclistas y medios de transporte.

También se tuvieron ponentes como Ricardo Montoya Zamora, que abordó el tema de seguridad en las vialidades, y también a distancia, el presidente de la Asociación Nacional de Vehículos Eléctricos y Sustentables, Marco Antonio Sánchez Contreras.

En torno a las organizaciones y colectivos, concluyeron con la entrega de un documento en el que se le solicitó al legislativo garantizar 10 condiciones, tales como: regular y vigilar el tránsito seguro y los factores de riesgo vial; garantizar la participación social efectiva en los programas y proyectos de movilidad; establecer mecanismos fiscales y de financiamiento e inversión pública; garantizar la capacidad, conocimiento y pericia de las y los conductores de vehículos; implementar el diseño de vial seguro y accesible en todas las calle sy carreteras; garantizar los derechos de las víctimas de siniestros de tránsito; implementar registros de información en materia de movilidad y seguridad vial; promover la cobertura, calidad y asequibilidad de los servicios de transporte público; reducir la demanda y compensar el costo de uso de los automóviles particulares; y diseñar instrumentos de planeación integral de la movilidad y el territorio.