A pesar de que la reforma al artículo 159 del Código Penal, aprobada en pleno el pasado viernes 1 de abril, no ha sido enviada al Poder Ejecutivo para su revisión y publicación, la LX Legislatura local ya no puede realizar modificaciones al texto, explicó Guillermo Vega Guerrero, presidente de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia y de la Junta de Coordinación Política.

Esto luego de que un grupo de periodistas manifestó su inconformidad con la interpretación del texto aprobado, por lo que señaló que el tema estará en manos del gobernador, quien determinará si ejerce o no el veto a este texto, cuya intención defendió no es afectar el ejercicio periodístico. 

“Si a juicio de los medios de comunicación, dado que la interpretación que nosotros estamos dando es diferente a la que le dan los medios, si este llamamiento es de preocupación entonces lo que sucedería es que, a pesar de que no se ha enviado al Ejecutivo, ya no podemos modificar la norma, tendrá que llegar al ejecutivo y él devolverla en veto para que nosotros desistamos de modificarlo y quedaría vigente el texto actual (...) Es un tema para personas que agravian con el uso de información, que es privada o que obtienen producto de un trabajo”

Precisó que esta actualización estaba dentro del paquete legislativo de seguridad y justicia enviado por el gobernador, sin embargo enfatizó que esta reforma fue propuesta por el Consejero Jurídico de la Gubernatura, Víctor de Jesús Hernández, cuyo objetivo central versaba para sancionar a quien haga mal uso de datos personales o información propiedad de empresas o del servicio público. 

“lo primero que yo diría con toda contundencia es que no es una ley mordaza, no es un artículo ni una norma dirigida a atentar contra los medios de comunicación, porque lo tenemos que tener muy claro es que este artículo de lo que habla es de delitos contra el individuo, acerca de sus datos personales, acerca de información que se tiene vía digital”

Recordó que esta conducta y sanciones ya estaban previstas en el Código Penal desde 2011, sin embargo se actualizaron términos que se consideraban subjetivos, por lo que amplió que esta nueva redacción pretende evitar que se utilice información privada para afectar algún patrón o trabajador. 

Ante el comunicado emitido por profesionales de los medios de comunicación, aseguró que no se buscaba afectar su labor, ni tampoco contravenir el derecho al acceso a la información, por lo que enfatizó que aún cuando este texto pudiera publicarse, la liberta de expresión está protegida por la Constitución, y al ser la Fiscalía General de la República, la única instancia para analizar estos casos, tanto el estado como la Fiscalía local no podrían emprender acciones. 
Finalmente, apuntó que de haber un veto por parte del gobernador Mauricio Kuri, la Legislatura no tendría objeción de dejar fuera de esta actualización esa reforma, cuya vigencia permanecería con el texto actual.