Este martes, personas con discapacidad y asociaciones de la sociedad civil acudieron al Congreso local para ingresar un escrito y exigir a las y los legisladores dar trámite a la reforma de Ley para la Inclusión al Desarrollo Social de las Personas con Discapacidad, que obliga a las administraciones municipales y estatal a garantizar que el 5% de su plantilla laboral será ocupada por personas de este sector.

 “Las personas con discapacidad exigimos de nuestros representantes populares un compromiso claro y sin titubeos en la aprobación de las leyes que consoliden nuestros derechos, que amplíen los beneficios en su protección, en armonía con los diversos tratados internacionales que México ha suscrito en la materia, bajo los principios de inclusión y no discriminación”, manifestó el abogado, Luis Loyola.

 Remarcaron que es tiempo que los representantes sociales, demuestre un compromiso real y objetivo con sus derechos, y se apruebe y publique esta iniciativa que fue ingresada desde el pasado 23 de marzo, la cual se encuentra en la Comisión de Desarrollo Social y Grupos Vulnerables, que preside la diputada local panista Daniela Salgado.

Observaron que la actual legislatura, ha trabajado temas de forma “fast track”, aprobando leyes o reformas hasta en un lapso menor a dos días, siendo cuestionadas por los intereses políticos que representan, sin embargo indicaron que al referirse a un tema de derechos humanos y los beneficios que traería para este grupo vulnerable no debería quedarse en la “congeladora”.

“El atraso en la aprobación de leyes que empoderen el respeto y protección de los derechos de las personas con discapacidad también es una forma de exclusión y discriminación, porque refleja la falta de interés y compromiso de los representantes populares de velar por los derechos de las minorías y los sectores vulnerables. Hacemos un enérgico llamado para que nuestros representantes populares, atiendan las responsabilidades que debe asumir el estado mexicano contempladas en la declaración universal de los derechos humanos”,

La ciudadana, Ana Yolanda López, detalló que en Querétaro existe una población de 355 mil personas con alguna discapacidad, de acuerdo a las cifras del último censo del INEGI, de las cuales en su mayoría desean ser incluidos en la vida laboral, por lo que esta propuesta legislativa representa un primer paso de inclusión en el sector público.

 Al ser tiempos electorales y de campañas, indicaron que las y los representantes sociales se encuentran inmersos en este proceso, sin embargo llamaron a cumplir con sus obligaciones, tal como lo establecen los tratados internacionales y la Constitución, así como demostrar con las acciones que valen más que las promesas de campaña.

“necesitamos que este tipo de política públicas fundadas en buscar la justicia social e igualdad de oportunidades para un sector vulnerable como el nuestro, recibiera la misma atención y prioridad para ameritar un fast track”

Finalmente invitaron a la sociedad a sumarse a este llamado, ya que de ser escuchados se brindaría una oportunidad más de vivir con dignidad y que se elimine la discriminación, priorizando los derechos humanos de las personas con discapacidad en el estado.