- Seis votos a favor, por cinco en contra, avalan la propuesta del mandatario pero ordenan reformular la pregunta
La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha decidido este jueves que la consulta sobre si se debe juzgar o no a los expresidentes, que plantea el actual mandatario, Andrés Manuel López Obrador, es constitucional. El fallo, de seis votos contra cinco, ha dado la espalda al proyecto propuesto, que se decantaba por declarar inconstitucional la polémica consulta popular. El punto de partida era un texto que afirmaba que la justicia no puede ser sometida a la opinión de las mayorías pues vulneraba los derechos de las víctimas y del debido proceso.
La decisión ha dividido al pleno del Alto Tribunal, pero la mayoría dijo que es válido el derecho de la ciudadanía a expresar su voluntad. No obstante, la misma mayoría se pronunció en favor de modificar la pregunta para quitar sesgos y ser más neutral. La nueva pregunta aprobada por ocho jueces de la Corte es: ““¿Estás de acuerdo en que se lleven a cabo acciones con apego al marco legal para esclarecer las decisiones políticas tomadas en el pasado por los actores políticos y garantizar la justicia y derechos de las posibles víctimas?”. Está previsto que la consulta se celebre en 2021, justo cuando el país acudirá a las urnas a renovar la Cámara de Diputados y 15 gubernaturas.
“No podemos cerrar las puertas a la opinión ciudadana por temor a un escenario catastrófico de populismo penal”, ha afirmado el ministro presidente, Arturo Zaldívar, al arrancar el debate. Su postura fue la primera sorpresa en lo que se pensó iba a ser un mero trámite para que la propuesta de inconstitucionalidad del ministro Luis María Aguilar fuera respaldada. La postura de Zaldívar, un ministro en sintonía con el actual Gobierno, abrió la puerta de un debate jurídico que había sido sometido a una alta presión política a lo largo de las últimas semanas.
Tan solo esta mañana, López Obrador había amagado con presentar una reforma constitucional si su propuesta no prosperaba en la Corte. Muchos académicos interpretaron el gesto como una nueva presión del Ejecutivo al Judicial. Y que tiene como antecedente la renuncia de uno de los ministros, Eduardo Medina Mora, quien abandonó el Tribunal tras una investigación de las autoridades a sus cuentas personales.
El proyecto elaborado por Aguilar, un juez de carrera, señalaba que no veía bases legales en la propuesta de López Obrador y que, en todo caso, era una obligación del Estado perseguir los delitos y no necesitaba un mandato popular para hacerlo. “El objeto de la consulta popular solicitada es inconstitucional desde su origen pues las obligaciones de las autoridades de investigar, perseguir y sancionar los hechos delictivos no pueden disociarse de los derechos de los que las personas gozan de acceder a la justicia pronta, completa e imparcial, al debido proceso y, en general, al correcto funcionamiento de las instituciones del Estado mexicano”, señala el texto redactado por Aguilar, que calificó la propuesta como “un concierto de inconstitucionalidades”.