Santiago de Querétaro, Qro., 15 de mayo de 2020.- En sesión de trabajo de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia de la LIX Legislatura del Estado, presidida por la diputada Verónica Hernández Flores, e integrada por los legisladores Miguel Ángel Torres Olguín y Néstor Gabriel Domínguez Luna, además de contar con la asistencia de la diputada Connie Herrera Martínez, presidenta de la Mesa Directiva; el titular de la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción en el Estado de Querétaro, Benjamín Vargas Salazar rindió su informe anual de actividades, correspondiente al periodo de marzo de 2019 a febrero 2020.

Siguiendo las medidas de seguridad sanitarias implementadas por la Legislatura, al dar la bienvenida a los presentes, la diputada Verónica Hernández Flores afirmó que, en Querétaro, la transparencia y el buen uso de los recursos públicos, han sido un pilar para el ejercicio público para todos los funcionarios, razón por la cual recordó, se creó la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción, para que nadie esté por encima de la ley.

“La investigación y persecución del delito en materia de corrupción, es algo que en la entidad se destaca, ya que la transparencia y el actuar de los servidores siempre se ha monitoreado dando resultados positivos”, enfatizó la diputada Verónica Hernández Flores.

Tras reconocer el trabajo realizado por esta Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción, dirigida por el Lic Benjamín Vargas, la presidenta de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, señaló que: “hoy los integrantes de la comisión tenemos la responsabilidad de darle seguimiento y reconocer las acciones que han permitido dictar, sancionar y castigar el actuar de los servidores públicos que infringen la ley; debemos promover las buenas prácticas y valores anticorrupción en los servidores públicos, y particularmente, la sociedad en general”.

En su intervención, el Fiscal Anticorrupción, Benjamín Vargas Salazar, destacó que en el periodo que se informa, los delitos que se investigan son: desempeño irregular de las funciones públicas, cohecho cometido por servidor público, enriquecimiento ilícito, negociaciones ilícitas, peculado, desempeño indebido del servicio público, delitos contra la administración de justicia y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

“18 expedientes fueron judicializados, vinculando a proceso a 21 personas, logrando una reparación del daño para las víctimas de un millón 827 mil pesos, y obviamente hay procesos en trámite. En promedio, una de cada tres carpetas de investigación es judicializada, lo que demuestra el compromiso para combatir la impunidad”, advirtió Vargas Salazar.

Asimismo, destacó que se obtuvieron 3 fallas condenatorias por los delitos de cohecho cometido por servidor público, desempeño indebido del servicio público y peculado; con penas que van desde los dos hasta los cinco años de prisión; y que en todos los casos se logró la inhabilitación para desempeñar un cargo público para el imputado.

El Fiscal Anticorrupción señaló también que se dictaron 579 actos de investigación, dirigidos a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, Sistema de Administración Tributaria (SAT), así como a dependencias federales, estatales, municipales, particulares y fedatarios públicos: y que el área de grafoscopía procesó 852 documentos cuestionados mientras que la de contabilidad casi 10 mil.

Resaltó que el Grupo de Policía Anticorrupción, tiene un 96 por ciento de eficiencia en el cumplimiento de mandamientos judiciales y ministeriales, y este realizó 543 actos de análisis de información; además dijo, ampliaron el espectro de investigación, por lo que se revisó la situación contable y financiera de 33 personas morales.