El municipio de Pedro Escobedo deberá realizar una disculpa pública, resolvió la Defensoría de los Derechos Humanos de Querétaro (DDHQ) tras emitir una recomendación por acreditar violaciones de Derechos Humanos por uso indebido de la fuerza cometidas por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública municipal.

Tras una administración de 5 años y de no hacer públicas las recomendaciones emitidas a las autoridades, el ombudsperson Javier Rascado Pérez, en rueda de prensa informó sobre esta determinación surgida de una investigación realizada sobre la queja de oficio DDH/296/2021 del mes de septiembre por un accidente en el que una motocicleta, impactó a una patrulla de seguridad municipal.

Precisó que en la motocicleta viajaban dos personas, una de ellas menor de edad, por lo que el 21 de septiembre, cuando se tuvo conocimiento de estos hechos el personal del organismo se entrevistó con la familia de las víctimas, lo que posteriormente originó que la madre del menor presentara un documento donde denunció la intencionalidad de los elementos para invadir intencionalmente el carril de circulación, lo que provocó el accidente.

Ante estos hechos y las lesiones provocada, Rascado Pérez, externó que el organismo recomendó que en un plazo no mayor a 30 días se realice el proceso de inscripción de las víctimas directas e indirectas en el Registro Estatal de Víctimas, al igual que el proceso para en en este mismo lapso de tiempo se otorgue una indemnización compensatoria a víctimas directas.

"En un plazo no mayor a 60 días se deberá llevar a cabo un acto de disculpa pública por parte del Municipio de Pedro Escobedo por el daño a la integridad personal de los dos agraviados, en donde se realice un posicionamiento Institucional que considere el contexto de las violaciones de derechos humanos, reconociendo la gravedad de los hechos suscitados, el rechazo a la práctica del empleo indebido de la fuerza, y un compromiso patente para ser garante de la promoción y protección de los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes", sentenció.

De igual manera, solicitó que en un plazo no mayor a 60 días naturales, se realicen las gestiones para que las víctimas reciban tratamiento médico y psicológico especializado, cuyos gastos serán cubiertos por las autoridades, al igual que los gastos de traslado.

Ello luego de que se acreditaron violaciones por transgresión a la integridad personal por emplear el uso indebido de la fuerza, transgresión a la legalidad y seguridad jurídica al incumplir con el principio de debida diligencia, por lo que también se exigió que en un plazo no mayor a 90 días se presente un proyecto que incluya medidas legislativas, administrativas, para fortalecer los protocolos de uso de la fuerza y las detenciones de vehículos en movimiento, así como cuando estas involucran a menores de edad.

En materia de capacitación, se pidió que el personal de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito municipal, cuente con los cursos sobre debida diligencia, primeros auxilios, protocolos de uso legítimo de la fuerza y sobre el principio del interés superior de niñas niños y adolescentes en la detención.

Finalmente, destacó que también la autoridad señalada deberá dar seguimiento y colaborar con la carpeta de investigación de la Unidad de Acusación de San Juan del Río de la Fiscalía General del Estado hasta que ésta concluya, en tanto exhortó a realizar los procedimientos administrativos conducentes para deslindar responsabilidades.